Esta mañana a las 8:30 comienzan las tareas

Según tuvo conocimiento ayer jueves la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazá ha emitido una providencia por la que acuerda librar oficio a la Guardia Civil. Dicho oficio tiene por objeto que la Guardia Civil se persone en la Riba de Escalote, informe de la apertura de la fosa, del hallazgo de los restos, de la ejecución de los trabajos desarrollados y el estado en el que se encuentran. También subraya que no se hace necesaria la presencia de la Guardia Civil durante todos los trabajos.

La Providencia emitida por el juez y el oficio enviado a la Guardia Civil se enmarcan dentro de la causa abierta a raiz del descubrimiento por parte de miembros de Recuerdo y Dignidad y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de una fosa común clandestina en la localidad de La Riba de Escalote el pasado 24 de junio. La localización de la fosa se produjo siguiendo los testimonios de los vecinos del pueblo, las anotaciones recogidas en el libro de la represión en Soria durante la guerra Civil, escrito en 1982, y otra serie de indicios qué hacían pensar que en el paraje de Carraarenillas podían estar las cuatro personas desaparecidas asesinadas el 17 de septiembre de 1936 que Recuerdo y Dignidad buscaba a solicitud de algunos de sus familiares.

El hecho de que el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán requiera la presencia de la Guardia Civil durante las tareas de exhumación supone que todos los trabajos sobre esta fosa común han tenido repercusión jurídica. En contra de lo que han recomendado las principales autoridades en materia de derechos humanos, esto no es algo que ocurra habitualmente en España. La legislación nacional al respecto limita las exhumaciones de fosas comunes clandestinas con personas desaparecidas-asesinadas a meros trámites administrativos cuyos trabajos tienen que ser organizados por los propios familiares y por asociaciones de voluntarios y ejecutados de forma privada. Se incumple de esta manera la legislación internacional y las obligaciones del Estado español con las víctimas de violaciones graves de los derechos fundamentales.

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