Recuerdo y Dignidad pide que la Fiscal General del Estado se pronuncie y tome medidas al respecto
La asociación Recuerdo y Dignidad recibió el pasado mayo la noticia de la interposición de un recurso de apelación por parte de la Fiscalía Provincial de Soria contra la decisión del Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán de reabrir la causa por los asesinatos de La Riba de Escalote.
Por su parte, la asociación memorialista soriana ha procedido a presentar el correspondiente escrito de oposición al recurso interpuesto por Fiscalía.
Desde Recuerdo y Dignidad queremos denunciar la oposición que se mantiene hasta la fecha por la Fiscalía en relación con la tramitación de causas judiciales instadas para la investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista, y todo ello en base a una Circular emitida el 30 de septiembre de 2016 por la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal.
La Asociación considera que las Fiscalías Provinciales, en este caso la de Soria, no pueden ni deben oponerse a la apertura de dichas investigaciones judiciales pues con dicha actuación se está contraviniendo frontalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conviene recordar que nos encontramos ante la única causa abierta por los Juzgados y Tribunales españoles que trata de investigar este tipo de crímenes. Una vez más, la Fiscalía pretende dejar en absoluta desprotección a las víctimas de la dictadura franquista, en este caso concreto discutiendo, vía recurso de apelación, el criterio del propio Juzgado.
La asociación soriana exige que desde la Fiscalía General del Estado se emita una nueva instrucción de obligado cumplimiento, que deje sin efecto la emitida el 30 de septiembre de 2016, dirigida a las distintas Fiscalías Provinciales para modificar el citado criterio y que sean los propios fiscales los que planteen la necesidad y el impulso adecuado en la tramitación de las correspondientes investigaciones judiciales en relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista.
La actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en diferentes ocasiones, ha hecho pública y ha manifestado su sensibilidad en relación con los derechos que asisten a las víctimas y sus familiares de la dictadura franquista y, por tanto, debería impulsar una acción como la señalada anteriormente. Además, la actual Fiscal General del Estado es una profunda conocedora del Derecho Penal Internacional, siendo por ello plenamente consciente que a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no se les puede negar sistemáticamente el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por último, queremos recordar que es necesaria la adopción de medidas legislativas efectivas para revertir la situación de impunidad mantenida hasta la fecha en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista y, para ello, es necesario la implicación del Estado en su conjunto. Y en este sentido queremos instar a que la actual Fiscal General del Estado se pronuncie públicamente y comparezca en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para poner de manifiesto la vulneración de los derechos más básicos que asisten a las víctimas de la dictadura, la necesidad de impulsar todas las medidas necesarias para que, de una vez por todas, se reconozcan los citados derechos, así como para anunciar el cambio de criterio de la referida Fiscalía General al objeto de que se produzcan todas las investigaciones judiciales necesarias en relación con los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.
La exhumación:
A las 8:30 de la mañana del viernes 27 de septiembre comenzaban las tareas de limpieza y acondicionamiento de la zona de trabajo en torno a la fosa común encontrada en julio en La Riba de Escalote. Simultáneamente se inspeccionaba el terreno cercano en búsqueda de más fosas comunes que pudieran aparecer. En torno a las 12:56 horas aparecía una fosa común a escasos 6 metros de la primera. En la fosa descubierta el 24 de julio había dos personas, en la nueva fosa había otras dos. Los huesos estaban bien conservados y aparecieron varios objetos asociados a los mismos como hebillas, botones de nácar, unos gemelos, unas gafas, y restos de ropa y calzado. Todo indicaría, según la investigación llevada a cabo por Recuerdo y Dignidad, que las cuatro personas serían los sorianos Adolfo Morales y Silverio Lumbreras y los berlangueses Gregorio Valdenebro y Alberto Rodrigo. La segunda fosa encontrada albergaba los cuerpos de 2 personas más jóvenes que los que se hallaban en la primera fosa. Esto podría llevar a pensar en la primera fosa se encontraba de los vecinos de Berlanga y en la segunda los sorianos. Aunque no se puede afirmar nada seguro hasta que no salgan los resultados de las pruebas genéticas. A las 16 horas del sábado 28 comenzó el levantamiento de los cadáveres ante una patrulla de la Guardia Civil enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán en la que está abierta la causa por el asesinato de estas cuatro personas. El encargado la custodia de los restos antropólogo forense Francisco Etxeberría. La Sociedad de ciencias Aranzadi procedió al levantamiento y el traslado de los restos a su laboratorio en el país Vasco dónde se procederá la limpieza y el análisis antropológico forense. La asociación soriana considera importantísima esta presencia y la apertura de esta causa pero no quiere crear falsas expectativas, ya que supone que no tendrá mucho recorrido. Actualmente las causas que se abren en España se cierran al considerar los asesinatos connaturales alzamiento militar de 1936, asesinatos aislados en lugar de contemplarlos, como historiograficamente ya se ha demostrado, dentro de un plan de exterminio de civiles. Desde las principales organizaciones de derechos humanos y las principales autoridades de Naciones Unidas en la materia, se ha llamado la atención sobre este aspecto señalando que hasta que no se realiza la prueba de ADN estas personas continúan desaparecidas, por lo que no cabe la aplicación de la prescripción, que tampoco se pueden contemplar como crímenes aislados y que se debe modificar la ley de amnistía o su aplicación. Aun así la ASRD subraya la importancia de esta su tercera ya causa abierta por crímenes contra civiles en la represión dentro de los territorios tomados por los militares rebeldes en 1936, y señala que cada una de las causas ha llegado más lejos que la anterior. Durante todo el fin de semana familiares de los cuatro desaparecidos asesinados presenciaron el proceso. La familia de Alberto Rodrigo había conocido tan solo tres días antes la noticia de la exhumación y su llegada a la fosa fue especialmente emocionante. Junto a más de 30 voluntarios de Recuerdo y Dignidad y una decena de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi acudieron diversas autoridades como el Subdelegado del Gobierno en Soria o los alcaldes de la Riba de Escalote, Berlanga de Duero o Almazán. También acudieron vecinos de las localidades cercanas, miembros de las Juventudes Socialistas a las que pertenecían Adolfo Morales y Silverio Lumbreras, integrantes de distintas organizaciones sociales y numerosos medios de comunicación. Desde Recuerdo y Dignidad se señala que estas acciones ayuda a cerrar las heridas que todavía continúan abiertas en las familias de las víctimas y en la propia sociedad. La búsqueda de estas personas ha sido financiada gracias a la reformulación de la subvención en materia de Memoria Histórica que la Junta de Castilla y León otorgó a la Asociación Recuerdo y Dignidad para tratar de localizar y exhumar la Fosa de los Ilustres. Los 4 desaparecidos asesinados objeto de esta búsqueda son:
-Adolfo Morales Ruiz. Natural de Gómara y residente en Soria, donde militaba y fue fundador de las Juventudes Socialistas y en UGT. Era comisionista y tenía 26 años cuando fue asesinado.
-Silverio Lumbreras Pérez corrió la misma suerte que Adolfo, junto a quien pasó por las cárceles de Soria y Almazán. Era electricista de 25 años de edad, perteneciente a las Juventudes Socialistas. Ambos fueron asesinados atados uno al otro, y enterrados del mismo modo.
-Gregorio Valdenebro Moreno, era jornalero de 28 años de edad, casado y perteneciente a Unión Republicana.
-Alberto Rodrigo León, sastre de 32 años, casado y con tres hijos, y concejal del Ayuntamiento de Berlanga, además de ser el Tesorero de Unión Republicana.
La causa:
Recordamos que en una providencia anterior emitida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán se ordenaba librar un oficio a la Sociedad de Ciencias Aranzadi con el fin de que se remitieran al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid los restos óseos adecuados para el estudio genético de las personas halladas en la segunda fosa de La Riba de Escalote. En dicha providencia se ordenaba también librar oficio al INTCCFF de Madrid a fin de que procediera a citar a uno de los familiares de Silverio Lumbreras. Con esta citación se convocaba a las familias de los cuatro desaparecidos en La Riba para tomarles muestras biológicas para el estudio genético. Ambos oficios se presentaron en su día en función de otra comparecencia forense del IML y de un escrito presentado por la ASRD. En la primera se señalaba que el INTCCFF disponía de los primeros restos óseos a parecidos en la prospección de la Riba pertenecientes a la primera fosa. Y que la Sociedad de Ciencias Aranzadi custodiaba los restos mortales de las otras dos personas aparecidas en la segunda fosa, a escasos metros. En la comparecencia se indicaba la necesidad de solicitar a la Sociedad de Ciencias Aranzadi restos óseos representativos y adecuados, asegurando la cadena de custodia, para que sean remitidos al INTCCFF. Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa. Desde la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad se valora muy positivamente que los desaparecidos-asesinados por la represión connatural al levantamiento militar de 1936 y sus familiares puedan tener acceso a la Justicia. Ya que la legislación actual sobre exhumaciones, y sobre víctimas del franquismo en general, se limita a trámites administrativos sin garantía judiciales en contra de lo que establecen las autoridades de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Siendo tratados las decenas de milies de civiles hechos desaparecer bajo custodia como meros restos arqueológicos en lugar de cómo víctimas. La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratados como víctimas, algo inusual en el Estado Español. La práctica totalidad de las exhumaciones que se practican en España no tienen repercusión judicial pese a que cada una de ellas se comunica el Juzgado correspondiente.
Hay que recordar que esta es la sexta vez que Recuerdo y Dignidad consigue que la Justicia atienda a víctimas de la represión del alzamiento militar de 1936 contra la II República y que en ellas han participado cuatro jueces distintos.